Y si es preciso, los jueces
Da lo mismo que los afectados sean cien mil o quinientos mil. Es igual que
representen el 2 o el 3 por ciento del total de jóvenes entre 15 y 24 años.
La anorexia es una enfermedad que provoca la alarma social y que amenaza con
ser la más estúpida de las epidemias del siglo XXI.
Aunque los últimos datos de la Consejería de Sanidad de Madrid y del
Insalud señalan que en los últimos años se han estabilizado los ingresos por
anorexia, la delgada línea roja que separa la
búsqueda del ideal de belleza de la tragedia devastadora obliga a
intensificar las líneas de alarma y a actuar en diversos frentes.
El primero es la educación. Familias y colegios tienen que actuar unidos
ante un problema que sólo puede solucionarse si se ataca precozmente.
Especialmente cuando, por falta de información, no se reconocen
comportamientos y actitudes que acabarán en un problema de enorme gravedad.
La salud es una disciplina que debe potenciarse en los centros educativos.
El segundo es la acción social. Desde el Ministerio de Sanidad y las
instancias interesadas hay que investigar las causas y las consecuencias del
problema para reducirlo al mínimo. Es necesaria una presión social sobre las
televisiones, públicas y privadas, para que no den cabida en sus progamas a
quienes defienden, promueven o imponen modelos de belleza que incitan a la
anorexia. Lo mismo cabe decir de diseñadores, publicistas y anunciantes. Por
último, la formación de profesionales sanitarios y sociosanitarios y la
dotación de servicios médicos especializados parece imprescindible.
Y, finalmente, queda el recurso a la acción judicial. Desde hace algún
tiempo, un juez de Barcelona, a petición de las familias, ordena el
internamiento de muchachas cuya vida se encuentra en peligro. Simultáneamente
se ha denunciado en Madrid el crecimiento de las familias que eluden cuidar a personas incapaces y cuyo
patrimonio administra la Agencia para la Tutela de Adultos, dependiente de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Estamos ante problemas sociales que
reclaman, cuando es imprescindible, la actuación de la Administración de
Justicia. No hablamos de problemas alimentarios, sino de una autodestrucción
inconsciente.
Enrique López Francos, La Razón, 28 de marzo de
1999, pág. 45.
Responda a sólo dos de las cuatro cuestiones propuestas.
Pruebas de acceso a facultades, escuelas técnicas superiores y colegios
universitarios